La American Civil Liberties Union tiene un honroso historial de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, pero me parece que, en ese afán legítimo, a veces no ha ejercido su mejor criterio. Actualmente, impugna un estatuto de Missouri que pretende proteger los servicios religiosos de interrupciones por distintos medios. Se aduce que la ley es vaga e incierta, y que ello hace posible que se aplique inconstitucionalmente a expresiones legítimas. Todo esto surge porque hay un grupo que protesta cerca de los templos contra los sacerdotes pederastas, y teme que le apliquen las sanciones dispuestos en el estatuto.
Como regla general, la interrupción de una reunión legítima o un culto religioso es un delito. Lo que no puede serlo es una manifestación pacífica, siempre que el volumen de sus expresiones no interfiera con el servicio religioso. Las iglesias merecen esa protección de ley. Me parece vicioso el cuestionamiento jurídico de la ley, pues no cabe una interpretación razonable que redunde en que se prohíban expresiones protegidas constitucionalmente. No puede permitirse que un grupo se acerque a un templo a vociferar o a usar lenguaje altisonante o malsonante mientras se lleve a cabo un servicio religioso, pues ello sería un abuso del derecho
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