Hay dictámenes judiciales que propician cierto grado de impunidad. Un juez federal de Oregon ha decidido que los sacerdotes católicos imputados de pederastia no son empleados del Vaticano. Ello, a pesar de que dichos clérigos fueron trasladados varias veces, a sabiendas de las imputaciones en su contra. Es decir que el Vaticano, como jefatura máxima de la Iglesia Católica, no es responsable de esas movidas que, claramente, iban dirigidas a encubrir esa conducta ilegal y a permitir que continuara en otras jurisdicciones. La Iglesia postula ese distanciamiento administrativo como una forma de no tener que pagar por los daños causados por sus curas. Cuando le conviene, asume una posición legalista en un asunto en el que debería aplicar los principios morales que predica.
Curiosamente, en los últimos cinco años en Estados Unidos, la Iglesia Católica ha transado más de 500 casos de sacerdotes pederastas por un total de $900 millones. Juzgue usted si ello no es una aceptación de responsabilidad por esos individuos que no son «empleados».
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