En medio de la discusión pública acerca de las dos propuestas enmiendas constitucionales puestas a votación el próximo domingo, puede casi pasar inadvertida la noticia del pleito de unos inversionistas que, sobre la base de señalamientos de la Securities and Exchange Commission le reclaman a UBS Puerto Rico y a dos de sus ejecutivos en su carácter personal por cuantiosas pérdidas. Vale la pena reparar en ello porque, a pesar de que es lógico que el país fije su atención prioritariamente en los delitos de violencia, los llamados «crímenes de cuello blanco» tienen un impacto significativo en la vida de los afectados y en la sociedad en general. En este caso, el cálculo ha sido de $94.5 millones, que no es cáscara de coco. Hay gente vieja que ha perdido los ahorros de toda una vida de trabajo. Delitos como éstos no deben quedar impunes ni penal ni civilmente. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos acepte el pago de una multa por parte de la empresa -- en uno de esos acuerdos absurdos en que no se acepta ni se niega responsabilidad -- no significa que la cosa queda ahí. Los perjudicados tienen derecho al resarcimiento de sus pérdidas.
Yo, francamente, metería presos a los ejecutivos que estafaron a sus clientes haciéndoles creer que invertían su dinero sabiamente.
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