Se sigue aprobando legislación, sin medir sus consecuencias, en términos de la capacidad para que se haga realidad, y se eviten traslapos y duplicación de esfuerzos. La ley recién aprobada que crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico le asigna una treintena de funciones de fiscalización, prevención y supervisión de tal magnitud que, en el mejor de los casos, sería imposible realizar adecuadamente. Y todos sabemos que no estamos en el mejor de los casos, pues, en el sector público, lo único que abunda es la escasez de recursos y la proliferación de las cesantías.
El Contralor, que percibe en esta ley que le «serruchan el palo», sale a pedir más fondos, 70 auditores adicionales y otras cosas. Como no las consiga con sus amigos del Opus Dei... La Oficina de Ética Gubernamental no sale de su papel de «cenicienta», y se ve fuera del baile muy pronto. En fin, se añade burocracia para muy poco, excepto decir que se ha hecho algo para combatir la corrupción gubernamental y mejorar la eficiencia administrativa y funcional del Poder Ejecutivo.
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