El colmo de las pretensiones

Resulta insólito e inaceptable que el exlegislador Rodríguez Traverzo pretenda imponerle condiciones a la Policía para su entrega. Las «garantías» que él reclama son las que tiene toda persona contra la cual se ha expedido una orden de arresto. Ni más ni menos. Eso de que teme por su seguridad es una excusa para justificar un trato especial. Evidentemente, quiere atenuar el bochorno de verse arrestado; por ello, insiste en que no se le espose. Por un lado, reitera que no es un criminal, pero se comporta como uno. De haberse presentado oportuna y dignamente ante las autoridades, se habría evitado toda esta movilización en su contra.

Hay casos en que un fugitivo --casi siempre peligroso y de difícil captura -- acuerda la forma de entregarse. Éste no es uno de esos casos ni debe ser tratado de esa manera. Si bien los delitos que se imputan no son de violencia, el sujeto ha mostrado un ánimo de evadir su responsabilidad -- incluso, ahora se añade la alimentaria --  y, posiblemente, esta jurisdicción. Ante ello, no merece consideración alguna quien, desfachatadamente, pretende burlar la ley sustantiva y la procesal también.

El diccionario del buen humor

Seguimos descubriendo esas palabras que parecen un relajo de alguien que no sabe español o lo deforma a propósito. Ahora que estamos en época de elecciones, viene muy a cuentas un término como candidatear, que allá por el Cono Sur, inverosímilmente, se usa para referirse a postular a otro para un cargo político o a  ofrecerse como tal.

Yo, que tengo amigos muy católicos, hubiera pensado que la voz catolicón se las podría aplicar, como parte de mi eterna broma por ese «defecto». Pero, es el caso que no puedo porque, a pesar de que suena despectiva, solo significa «universal».

Y para completar, ahí tenemos completez y completitud, ambas con el significado de «cualidad de completo».

Increíble pero cierto.

Ganas de legislar, ganas de litigar

La glorificación de lo castrense --  parte fundamental del mito estadounidense -- lleva a excesos de todas clases. En esa sociedad enferma de avaricia y ventajería, algunos, en casos muy sonados, han aprovechado para reclamar falsamente honores militares. El asunto llegó al punto de que en 2006 se aprobó una ley que tipifica esa conducta como delito menos grave. Como era de esperarse en un país tan dado al litigio, dicho estatuto ha sido impugnado constitucionalmente, como una violación a la libertad de expresión.

Que un caso así sea presentado y, sobre todo, haya tenido acogida judicial hasta el nivel apelativo dice mucho y muy mal del sistema jurídico de Estados Unidos. La frivolidad del planteamiento constitucional es tan patente que amerita un «no ha lugar» de inmediato. La falsa representación o la impostura no tienen cobija constitucional. Resulta bochornoso que alguien quiera «ganar indulgencias con escapularios ajenos» y además tenga la cachaza de reclamar que lo protege la Constitución.

Otra cosa es si valía la pena hacer de esos reclamos falsos un delito, o hubiera bastado con exponer a los desfachatados al escarnio público. Pero, allá ellos, que son blancos y se entienden...

Bachillerato en mal gusto

Continúo con las palabras que parecen bromas, pero no lo son. El término «bachiller» se refiere al grado obtenido al completar la enseñanza secundaria -- que en casos como el nuestro corresponde a la universitaria -- pero tiene, además de esta acepción positiva, la de «persona que habla mucho e impertinentemente». De esta vertiente despectiva surgen, entonces, bachillerear y bachillería, relativas a hablar de manera impertinente y sin fundamento. Curiosamente, existen bachilleramiento y bachillerar, relacionadas con la concesión del grado de bachiller, algo bueno pero dicho de forma muy fea.

Una alcaldesa "light"

Muchas de las figuras públicas del país son «llanitas», es decir, carecen de profundidad intelectual y moral. Ahí tenemos a la alcaldesa de Guayama, quien se dio a conocer por su infame Downtown Guayama y ahora, más recientemente, por su calendario, la mar de sugestivo.

Para completar ese resumé de liviandades, la Jaime no solo se niega a pagar unas contribuciones sobre la propiedad, sino que incita a la rebelión a los contribuyentes. Ella alega que no le corresponde pagar dichas contribuciones porque ello le tocaba al dueño anterior. En ello demuestra su desconocimiento de la ley, pues, tratándose de contribuciones sobre la propiedad, no es una cuestión de la persona, como sería el caso de la contribución sobre ingreso. Siendo ella la dueña actual de la propiedad, responde por esa deuda. Cuestión aparte es si la deuda es legítima o está bien calculada, pero hay mecanismos de ley para dilucidar esas controversias.

Lo inadmisible es que una alcaldesa haga un llamado general a que no se pague una contribución meramente porque se considere errada, obviando el proceso de ley para cuestionarla.

No seamos abandonistas

El idioma está lleno de palabras extrañas, que parecen disparates o invenciones humorísticas, pero no lo son. Porque, por ejemplo, ¿quién pensaría que existe el término abandonismo, significando la tendencia a abandonar sin lucha lo que es de uno o le corresponde? También es correcto abandonista, persona que participa de esa tendencia. Voces como éstas parecen sacadas de un guión cinematográfico del genial Cantinflas, pero ahí están para que las usemos oportunamente.

Por esto, insisto en que vayamos al diccionario con regularidad, para enterarnos de lo que es correcto y lo que no lo es. A partir de ello, es cosa de estilo o gusto personal utilizar un vocablo u otro. Lo importante es que no rechacemos incorrectamente una palabra que legítimamente podemos usar.

Una excepción razonable

Las normas jurídicas deben responder razonablemente a las circunstancias reales, no a abstracciones o teorías. La protección constitucional a la intimidad del hogar o sitio en el que se esté legítimamente tiene excepciones. De ordinario, la policía no puede irrumpir en una casa, a menos que tenga una orden de allanamiento expedida por un tribunal, basada en motivos fundados para creer que se encontrará algo vinculado a la actividad delictiva. Mas, hay circunstancias que exigen que se actúe de inmediato, sin esperar a dicho trámite judicial.

En un caso resuelto hace unos días en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se validó la entrada de unos policías a la casa de un estudiante de escuela superior de quien se rumoraba que había amenazado con ir a la escuela a disparar. El comportamiento un tanto raro y poco cooperador de la madre del menor ante la visita de la policía levantó la sospecha de los agentes, quienes entraron sin permiso y, luego de cerciorarse de que no había peligro, se marcharon. Hay que tener en cuenta que la experiencia indica que la inacción de las autoridades o su lentitud en reaccionar a ciertos indicios de perturbación mental o emocional ha tenido consecuencias trágicas. Por lo tanto, estos casos tienen que ser investigados rápidamente, y los ciudadanos deben mostrarse cooperadores con esa gestión. No hacerlo es provocar una suspicacia que debe ser resuelta a favor de la seguridad de los agentes del orden público y la comunidad general.