Fallido pero vigente

Se ha suscitado en el país un interesante debate jurídico en torno de una aparente alteración de algunas partes del recién aprobado y ahora vigente Código Penal. Todo parece indicar que se ha cambiado el texto aprobado por la Asamblea Legislativa, y el firmado por el Ejecutivo es distinto en algunos aspectos. Cosa muy grave para el estado de derecho.

Dicho eso, me parece que lo propuesto por el senador Bhatia no es posible de la forma en que lo plantea. El Código Penal es ley, y su vigencia solo puede ser suspendida por una ley al efecto. El Poder Ejecutivo tiene que aplicarla como esté, pues no tiene la facultad de dejarla sin efecto. Aun más, si ello ocurriera, ¿cuál sería el estado de derecho en lo penal en esa eventualidad? ¿El Código anterior, que fue derogado expresamente? ¿No habría entonces un vacío en el ordenamiento jurídico? Bhatia, abogado y legislador, en su afán de hacer capital político con este asunto, pasa por alto estas cuestiones medulares.

No hay duda de que hay que examinar este asunto con todo rigor, pero el remedio no puede ser dejar en suspenso la ley penal del país, en lo que se investiga.

Otro afán de distinción

Hace tiempo que no hay secretarias. Las que había pasaron a ser «asistentes administrativas» o algo así con más caché. Es parte de una ola de eufemismos para, supuestamente, darle más importancia a ciertas ocupaciones u oficios que se estimaban de menor categoría. Ocurre que, con el advenimiento de la transformación tecnológica del mundo laboral, a quienes se ocupan de los quehaceres oficinescos se les ha subido de grado con estas designaciones de reciente cuño.

Como parte de este nuevo enfoque, se han implantado cursos que preparan a este personal con certificados  o grados asociados en «sistemas de oficina». Así surge de un anuncio que publica hoy una institución educativa. Significativamente, luego de esta frase, en letra bien pequeña y entre paréntesis aparece la palabra secretarial, admisión de la verdadera naturaleza del trabajo para el cual preparan a los estudiantes.

No hay objeción a los neologismos, siempre que no se usen para adornar, disfrazar o encubrir una realidad que no tiene por qué disimularse.

Derechos [in]humanos

Los israelíes no son muy católicos que digamos en esto de respetar los derechos humanos. Así lo ha señalado un experto en el tema de la ONU, con base en la desestimación de un pleito por la muerte de una mujer aplanada por una pala mecánica que amenazaba con destruir su hogar. Sabido es que la ventaja material de Israel sobre sus vecinos árabes ha creado una mentalidad de prepotencia muy inclinada a los abusos de todas clases. Irónicamente, los perseguidos se han convertido en perseguidores, dentro y fuera de sus fronteras. Hay mucho de «el fin justifica los medios» en la defensa de su territorio. Ello ha llevado a que los tribunales -- como en este caso -- fallen desmedidamente a favor de las fuerzas armadas y el gobierno, aceptando la «razón de Estado» como fundamento para convalidar hasta los actos más atroces.

Huyendo de un fascismo, cayeron en otro.

La tristeza puertorriqueña

Nuestra gente -- sea por consanguinidad o por afinidad, dicho esto último en todos sus sentidos -- tiene serios problemas para expresarse correctamente, aun acerca de las cosas más sencillas. Hoy se cita a Jaime Espinal, medallista de plata en lucha olímpica, diciendo lo siguiente sobre sentirse dominicano y puertorriqueño simultáneamente: «Lo que más me gusta de ser dominicano es la sangre de alegría. Lo que más me gusta de ser puertorriqueño es...la oportunidad de ser puertorriqueño». Evidentemente, el muchacho debe poner en mejorar su expresión algo del empeño en convertirse en luchador.

Resulta penoso que este joven no pueda decir que «lleva la alegría del dominicano en la sangre» o algo parecido, que es lo que ha querido decir. Sobre su puertorriqueñidad, es de suponer que ha querido decir que los puertorriqueños le han dado la oportunidad de integrarse a este país, acogiéndolo como si hubiera nacido aquí. Pero, no es lo que ha dicho. (Dejo a un lado la realidad de que no somos los boricuas quienes decidimos quién viene a vivir con nosotros y permanece aquí, sino los americanos, pues, en esta relación colonial, la inmigración es un asunto en manos del Gobierno de Estados Unidos.)

Arbitraje en «cuartos oscuros»

El sector privado -- sobre todo el de los grandes intereses económicos -- siempre está buscando la forma de llevar a cabo sus fechorías fuera del ojo público, para continuar proyectando una imagen de pulcritud en su proceder, y quedar impune por violaciones de ley y de la ética. De ahí que en Delaware -- estado «sede»  de muchas corporaciones de Estados Unidos -- se aprobara una ley que permitía que las disputas comerciales entre corporaciones se dilucidaran por arbitraje confidencial, que solo se haría público si se apelaba el laudo.

Impugnado ese estatuto, un tribunal fedral ha decretado la invalidez de la ley, por restringir el acceso a la información de interés público y a la transparencia que debe haber en los procesos adjudicativos. Si bien se reconoce la utilidad del arbitraje comercial o general, dicha práctica no debe convertirse en una forma de disimular o esconder maneras de proceder comerciales o corporativas lesivas al bien común.

Mi opinión

He dicho muchas veces que a los boricuas nos encanta hacer énfasis y precisar innecesariamente, quizá porque nos sentimos inseguros de lo que decimos y de que se nos entienda. Hoy se publican unas declaraciones de «Juanes del Pueblo» acerca de un caso penal que se ve en los tribunales. Un compatriota resume su sentir sobre el acusado así: «Lo conozco de toda la vida a Eddy. Yo, en mi opinión propia, no creo en la pena de muerte».

Yo tampoco...pero, cuando escucho o leo cosas así, me veo tentado a aplicársela al autor de semejante disparate...

Información vs. propaganda

Es un viejo dilema en las sociedades apegadas al principio de la presunción de inocencia: informar de la actividad delictiva sin lacerar dicha presunción. El problema se agudiza cuando hay de por medio circunstancias sensacionales o personajes conocidos o que generan un gran interés público. La información puede llegar a ser excesiva, por su volumen o su carácter tendencioso. Entonces, surge la preocupación legítima de si es posible encontrar un jurado que juzgue la causa imparcialmente.

No hay una respuesta definitiva a esta cuestión. Solo puede haber respuestas aproximadas. Pedirle a la prensa que se limite en su atención a estos delitos es ilusorio.  Es posible también que, a pesar de una publicidad adversa, el jurado rinda un veredicto absolutorio o por un delito menor. No hay en esto determinismo alguno sobre la base de información previa. Se juzga por la prueba desfilada y creída.

Aunque la prensa tiene un gran poder de convencimiento, no es ni remotamente absoluto.