Resulta claro que no hay impedimento legal para que quien ostenta la autoridad otorgue un contrato gubernamental. El asunto podría correr prisa, y su aplazamiento podría ser lesivo al interés público. Los tratos previos a la contratación podrían estar muy adelantados, como para detenerlos por un periodo que resulte significativo. Incluso, en estos casos, se podría incurrir en responsabilidad civil. De no darse estas condiciones, la prudencia aconseja que se deje la cuestión al próximo incumbente. El que se tenga derecho a hacer algo no necesariamente obliga a que se haga. Hay razones de estado que van por encima de lo estrictamente jurídico.
Lo solicitado por Fortuño, como norma general, me parece acertado. En el caso del puerto de Ponce, habrá que ver lo que es aconsejable, de acuerdo con esas circunstancias.
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