No es nueva la preocupación con proteger a los menores que son víctimas de abuso sexual de la humillación e incomodidad que les produce su paso por el largo y tortuoso proceso penal. Tampoco son nuevos los remedios legislados para atender dicha necesidad, a la vez que se respeta el derecho al careo entre víctima y victimario. Aunque la realidad del abuso es avasallante, resulta imprescindible asegurarnos de que las imputaciones son ciertas y en qué grado. En ello la confrontación de acusador y acusado es esencial, y no debe soslayarse. La experiencia demuestra que, con alguna frecuencia, se producen casos fabricados por distintos desvaríos o perversidad. El movimiento pendular de la política pública entre los derechos del acusado y los de la víctima tiene que moderarse hasta alcanzar el justo medio.
Importa mucho que se evite, sin embargo, la repetición innecesaria de entrevistas e interrogatorios a víctimas de esta clase de delitos, sobre todo si son menores de tierna edad. El sistema debe y puede ser más eficiente en este aspecto. La sensatez y la sensibilidad de policías, fiscales y jueces en su contacto con la víctima son cruciales para lograr esclarecer los hechos y adjudicar la responsabilidad penal, como y cuando corresponda.
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