El sonado caso de Casey Anthony presenta ahora otra vertiente muy interesante, pues el Estado ha decidido tratar de recobrar lo gastado innecesariamente en una investigación mal orientada por las mentiras de esa
joven. Hay que recordar que, a pesar de que ella fue absuelta de matar a su criatura de dos años, fue condenada por cuatro cargos de mentir en sus declaraciones a los investigadores. Ello es precisamente lo que da base a la reclamación del Estado por $500,000, suma en la que se calcula lo gastado por las autoridades realizando gestiones investigativas inútiles motivadas por la mendacidad de Anthony.
Independientemente del recobro que finalmente se obtenga, si alguno, me parece que es un recurso que debe emplearse en ciertos casos en que un sospechoso, acusado o testigo desorienta una investigación a sabiendas, y con ello provoca gastos extraordinarios. Porque, a veces, el fuete al bolsillo es peor que al fondillo.
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