El Tribunal Supremo de Wisconsin recién ha sostenido la validez de la ley que despoja a los empleados públicos de ese estado del derecho a negociar colectivamente, y en el proceso le ha dado su aval a la participación, en el caso, de uno de sus jueces asociados, que recibió asesoramiento legal gratis por parte de uno de los bufetes que defendía la ley. Ante esta clarísima falta ética, el Tribunal decidió dar por buena la palabra del juez en cuestión de que esa situación no afectaba su criterio judicial.
Francamente, resulta chocante que se permitiera la participación del juez impugnado. Por supuesto, es entendible que se quisiera conservar al juez, para formar la mayoría que sostendría un estatuto tan importante para que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo consumaran el atropello contra los empleados gubernamentales.
Ahí tienen la «pureza de los procedimientos» en la judicatura americana.
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