Una entidad adscrita a Naciones Unidas ha criticado que la conferencia «Rio + 20» sobre desarrollo sostenible recién concluida no produjo una declaración clara y explícita acerca de la obligación de las corporaciones y otras personas jurídicas de respetar los derechos humanos. Porque que nadie se llame a engaño: los gobiernos no son los únicos que violan derechos; los «ciudadanos corporativos» también lo hacen, y con gran impunidad porque, de ordinario, no están sometidos al mismo escrutinio que los gobiernos. Pero, en un mundo en el que la privatización avanza a pasos agigantados en todos los órdenes, resulta indispensable que el sector privado rinda cuentas rigurosamente de su proceder.
Lamentablemente, el poder económico es tal que logra que sus prácticas abusivas contra el ambiente y los trabajadores, por ejemplo, sean condonadas o toleradas por los poderes públicos, en aras de una supuesta «competitividad» o «productividad», como condición para el progreso. Es así como se eliminan o menoscaban proteccciones legales a los recursos naturales y al más importante, el recurso humano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario