«¡No ha lugar!»

Hace unos días se produjo una situación insólita y embarazosa por demás para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Luego de que el TS le anunciara al país el aumento de 20% a los aranceles en casos civiles, el representante a la Cámara Charlie Hernández, abogado de profesión, le dio un «no ha lugar», señalando que no se había cumplido correctamente con el requisito de notificación  a la Asamblea Legislativa -- cuya aprobación es necesaria -- pues, en vez de hacerlo a la Secretaría de los Cuerpos, se había hecho a la oficina de asesores del Presidente de la Cámara.

En lo que constituye una lección de derecho procesal civil elemental, Hernández sentenció: «Sabido es que la falta de una debida notificación en las causas adjudicativas es una violación al debido proceso de ley. Lo menos que cualquier tribunal hubiese determinado, en circunstancias similares, sería la desestimación del caso». Pero, eso no fue todo. Hernández también apuntó que el Supremo no acompañó su resolución de aumento con un informe técnico que la sustentara. O sea que no aportó prueba al efecto.

¡Imagínese el lector a esta Alta Curia incurriendo en errores tan elementales de Derecho!

Apoteosis de la ignorancia

Lo he dicho: no hay salvación. Todo un «gran periódico» nos regala hoy dos lindezas lingüísticas. La primera en primera plana: «La AEE inmersa en una encrucijada». Hombre, pero es que «inmerso» es sumergido, y «encrucijada» es el cruce de dos caminos. Tan sencillo que era decir: «La AEE en una encrucijada». Pero, para eso hay que saber algo de español...

La segunda aparece en letras muy grandes en la página 10: «Camino bajo arena movediza». Al titulista hay que despedirlo fulminantemente. Y al editor -- si es que eso existe en el periódico -- también.

Sarcasmos aparte, la crisis del país no se limita a lo fiscal o presupuestario. Cuando el principal diario -- que se proclama «educador» --  de un país escribe cosas como éstas, la degradación no es solo crediticia ni ajena.

Justicia burlada

Un día como hoy en 1971, el teniente William Laws Calley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 22 civiles -- entre ellos, mujeres y niños -- en My Lai, Vietnam. Aunque hubo otros que participaron del operativo militar que resultó en esa matanza, Calley fue el único convicto, por lo que se le consideró como un «chivo expiatorio». Lo interesante, desde el punto de vista jurídico, fue lo que ocurrió después.

Enseguida hubo un clamor de clemencia, al cual se unieron varios gobernadores, entre ellos Jimmy Carter, de Georgia. Al día siguiente, el presidente Nixon -- ese baluarte de decencia --  ordenó que lo sacaran de prisión y lo pusieran bajo restricción domiciliaria. En agosto de ese año, se le redujo la sentencia a 20 años. Posteriormente, el Secretario del Ejército se la redujo a 10 años. En septiembre de 1974, un juez ordenó que lo liberaran, alegando que su juicio no había sido justo ni imparcial por exceso de publicidad y otros tecnicismos. Más tarde ese año, Nixon lo perdonó. Como resultado de todo esto, Calley cumplió tres años y medio de su condena.

Pero, hombre, ¿qué valían 22 vietnamitas comparados con un héroe militar americano?

Con una universidad así...

Hace un rato escuchaba Radio Universidad de Puerto Rico, cuando el locutor le recordaba al público que este año se celebra «el 35 aniversario de la radioemisora». Que esto ocurra en una emisora universitaria es imperdonable. Evidentemente, se desconoce el adjetivo ordinal trigesimoquinto.

Es frecuentísimo y muy bochornoso que en nuestro país, después de «décimo», la gente no sepa referirse al concepto ordinal, y se escuchen cosas como la dicha por el locutor de Radio Universidad.

Un abuso de discreción judicial

La administración de la judicatura puertorriqueña, tanto en su vertiente jurídica como gerencial, comete un grave error de juicio al despachar tan livianamente la denuncia de los jueces que participan en fiestas organizadas por abogados postulantes. No debería ser necesario puntualizar el evidente problema ético, sobre todo a la Alta Curia que, en más de una ocasión, ha predicado la moral profesional, insistiendo en el cuidado de no dar la apariencia de lo impropio. Resulta eminentemente contradictorio juzgar los asuntos éticos aplicando criterios francamente legalistas.

Si a estas alturas de la Historia hay que explicar por qué ese contacto entre abogados y jueces  es reprobable, entonces las cosas están peor que lo que uno supone. Nuevamente, surge la mentalidad de cofradía y atrincheramiento del gremio judicial, que gusta de tapar el cielo con la mano y hacer distinciones bizantinas para justificar lo injustificable.

Lo menos que debió hacerse fue amonestar públicamente a estos magistrados por su proceder. Pero, no se quiere hacer ni siquiera eso, para evitar lacerar la «mística» de la judicatura.

No se aprenden las lecciones del pasado, a veces muy reciente. Temprano o tarde estas cosas revientan, y entonces no se podrá alegar que no se sabían...

Mal estimado

Sigo con los ejemplos de usos equivocados de una palabra relacionada con otra, pero de distinto significado. Hoy, en una crónica deportiva televisada, escuché decir que en la «estima» de quien hablaba, tal cosa ocurriría con respecto a nuestro equipo nacional de baloncesto. Aquí ocurren dos cosas.

Primero, por la influencia del inglés, el comentarista ha traducido mal la frase in my estimation, es decir, «en mi opinión» o «a mi juicio».

Segundo, estimar es «apreciar» a una persona, pero también puede ser el cálculo que se hace del valor o el precio de algo, o el juicio o la creencia acerca de una situación o circunstancia.

Claro está que la «estima» es siempre la consideración y el aprecio a una persona. Por lo tanto, el analista deportivo debió decir que el «estimaba» que tal o cual cosa sucedería.

Nada mejor que un buen fusilamiento

La fascinación de los americanos con la pena de muerte los ha llevado a formas muy creativas de justificarla y administrarla. A través de su historia, Estados Unidos ha ensayado distintos métodos de ejecución, buscando evitar que fueran un «castigo cruel e inusitado», criterio constitucional para su rechazo. En época reciente, la forma favorita de matar a los reos ha sido la inyección letal, pero algunos resultados muy grotescos, por su mal funcionamiento, ha desacreditado ese procedimiento. Mas, el afán de continuar liquidando a los condenados a muerte ha revivido la silla eléctrica y el fusilamiento, ahora en Utah, donde parece que los Santos de los Últimos Días -- denominación religiosa dominante en ese estado --  prefieren que el último día de esos confinados termine frente a un paredón. En honor a la verdad, esto de entrarle a tiros es solo si no hay disponible una buena combinación de drogas para matarlos.

Supongo que la National Rifle Association favorecerá esta nueva ley...