Pagar caro

 En estos días en que se discuten los pormenores de qué hacer con la deuda pública, surge nuevamente el uso incorrecto de la palabra <<repago>>.  Contrario a lo que creen muchos, el término no significa <<pagar>>, sino  <<pagar caro>>.

Aunque, pensándolo bien, eso es exactamente lo que se propone hacer el gobierno de turno.

Notarios al rescate

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio homosexual ha avivado a las huestes de la moralidad en la búsqueda de formas de darle la vuelta para no acatarla. Aunque no les aplica, algunas iglesias se preparan para dar la batalla contra el Mal en este episodio apocalíptico. Otros, fuera de la Iglesia, también se alistan para la Cruzada en defensa del Evangelio. No dudo que haya funcionarios que, alegando una cuestión de conciencia, se nieguen a participar, aunque pasivamente, en este imprimatur a la «abominación».

Creo que el momento es propicio para enmendar el artículo 75 de nuestro Código Civil, para incluir a los notarios entre los celebrantes del matrimonio. El notario está investido de la fe pública, y es un profundo conocedor del tema de las obligaciones y los contratos; quién mejor que él o ella para explicar y orientar a los contrayentes sobre sus derechos y deberes matrimoniales. De esta manera, tendremos miles de celebrantes para prestar el servicio que otros se nieguen a prestar, por homofobia, expresa o solapada.

Apliquemos el español

Nuestro desconocimiento del español -- bochornoso, por demás -- se manifiesta desde hace mucho tiempo en el uso de palabras en español como si tuvieran el significado que unas parecidas tienen en inglés. Se cita a una entrevistada acerca de la situación económica: «Ahora mismo lo que me da es para pagar la casa. Gracias a Dios que mi familia me ayuda para completar, pero tuve que aplicar para recibir cupones (de alimentos) porque la situación actual está horrible».

Lo que está horrible es que esta mujer de 40 años, a su edad, crea que «aplicar» es lo mismo que apply, cuando quiere decir «solicitar». Este error se ha perpetuado en nuestro país, principalmente por la influencia de compatriotas nuestros que viven en Estados Unidos y dicen semejante disparate. Si acá en la Isla supiéramos español, lo habríamos rechazado desde hace décadas, cuando comenzó a manifestarse entre nuestra gente.

Pero, para eso tendríamos que habernos aplicado en el estudio del español.

Un procedimiento disciplinario indisciplinado

El caso disciplinario contra la licenciada y senadora María Milagros Charbonier pone de manifiesto las carencias de nuestro sistema jurídico en general y judicial en particular.

Este caso comenzó en marzo de 2007, cuando a ella se le imputó haber facturado impropiamente por trabajo para el Municipio de Canóvanas en 2002 y 2003. Véase el retraso incial de cuatro y cinco años para atender este asunto. Entonces, al Departamento de Justicia le tomó diez meses, en enero de 2008, decidir que no la iba a acusar por la comisión de algún delito.

Y desde ese momento hasta agosto de 2014, o sea, seis años con siete meses, la queja estuvo bajo la consideración de la Oficina del Procurador General, hasta que en la fecha señalada se rindió el informe final al Tribunal Supremo. Así las cosas, al Supremo le tomó diez meses -- el 29 de junio de 2015 --  censurar a la abogada, pero nada más, porque la extraordinaria dilación en el proceso no le permitiría defenderse adecuadamente.

Dejando a un lado que quienes así decidieron son correligionaros políticos de la abogada, y de que la abogada nunca -- ni desde el principio -- pudo presentar prueba documental para sostener su defensa, lo cierto es que la dilación oficial en el manejo de este caso es punto menos que escandalosa y, de hecho, debería dar lugar a una sanción disciplinaria a los funcionarios que de una u otra forma la permitieron.

Sirva este caso para que se investiguen los procedimientos disciplinarios de la abogacía puertorriqueña, sobre todo su duración injustificada, y se fijen responsabilidades por ello.

Todos los días se aprende algo

Yo creía conocer el significado de la palabra «inmediata» y toda su parentela léxica: ahora, al instante, sin dilación. Pero, ahora veo que no es siempre así. Por ejemplo, el 29 de junio de 2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destituido de forma «inmediata» a un juez contra el cual se habían registrado unas quejas iniciales en el 2010,  otra el 11 de diciembre de 2011 y otra en 2012.

Y empezó a pasar el tiempo. Y el juez seguía en funciones, dando lugar a que  en 2012, 2013 y 2014 ese juez protagonizara incidentes contrarios a la ética en sus funciones judiciales, por los cuales se presentaron tres quejas. El 18 de octubre de 2013 la administradora de los tribunales refirió el asunto a la Comisión de Disciplina Judicial, la cual, el 4 de noviembre de 2013, decidió que había causa para proceder y recomendó relevarlo de sus funciones. El 15 de noviembre de 2013 se presentó la querella que le imputaba violación a siete cánones de ética judicial. No obstante, no es hasta el 7 de octubre de 2014 que se le releva de sus funciones judiciales. Y, como dije, el 29 de junio de 2015 lo destituyen de manera «inmediata».

¿Ven por qué yo estaba equivocado acerca de lo que significa «inmediata»?

El amable juez

«Tanta amabilidad me confunde». El juez federal Gustavo Gelpí -- de mano tan dura con el Gobierno de Puerto Rico, embargando cuentas del Departamento de Salud, entre otros dictámenes -- se ha amantequillado con tres individuos que participaron de un fraude contra la aseguradora AFLAC, sentenciándolos a uno y dos años de probatoria y a devolver el dinero mal habido.

Evidentemente, Gelpí tiene una noción de lo justo muy suya. Se reserva la dureza para el Gobierno de Puerto Rico, gozándose en ponerlo en más aprietos que los que tiene, y entonces es todo comprensión y condescendencia con unos pillos que tramaron un fraude millonario que duró cinco años.

¿Será este juez otro «puertorriqueño ilustre»?

Una variedad disparatada

Los medios de comunicación confunden y mezclan los términos jurídicos, a pesar de los intentos de explicárselos. «Roban dinero y cigarrillos de supermercado», denuncia un titular de prensa. Mas, a renglón seguido, se nos dice: «En horas de la mañana de hoy, lunes, se reportó [sic] un escalamiento en el supermercado Alondra...». Luego se indica que, como resultado de ello, «se apropiaron [sic] una computadora...». Y, más adelante, se consigna que «la mercancía hurtada fue valorada por el querellante en $9,500». En otras palabras, según el cronista, aquí hubo un robo, un escalamiento, una apropiación ilegal y un hurto. Una especie de «supermercado delictivo».

Pero, hombre, lo que ha habido es un escalamiento, es decir, la entrada a una propiedad con la intención de cometer un delito contra la propiedad. El «robo» es tomar con violencia o intimidación la propiedad de la posesión directa del dueño. El «hurto» era -- porque fue sustituido por «apropiación ilegal» en la nomenclatura penal -- llevarse lo ajeno sin violencia ni intimidación. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, lo que se comete es «apropiación ilegal» cuando se sustrae una propiedad subrepticiamente.

Queda explicado... hasta la próxima vez.