El camino a seguir

Que haya que legislar para asegurarle a la mujer una situación más equitativa en la sociedad es una vergüenza en este siglo XXI, pero, lamentablemente necesario. Alemania es uno de un puñado de países que ha recurrido a establecer cuotas en los puestos de trabajo gerenciales en el mundo corporativo, para reducir en algo la inequidad al respecto. Que la recién aprobada ley fije el 30% como cuota es indicativo del desbalance manifiesto en el renglón de la administración corporativa.

Aunque las cuotas de participación de una clase de personas en alguna vertiente del quehacer humano pueden resultar algo antipáticas o problemáticamente forzadas, lo cierto es que, ante la prevalencia del discrimen y el desinterés en corregirlo, se hace necesario adoptar esta clase de medidas para hacer algo de justicia a la mujer en el campo laboral a niveles de supervisión.

Ciertamente, una sociedad no puede darse el lujo de subemplear a más de la mitad de su fuerza trabajadora en la alta gerencia del sector privado, negándose el beneficio de sus capacidades y manteniéndola, de manera sistemática, en puestos subordinados.

Un detente

Aun las personas esclarecidas cometen errores lingüísticos lamentables, por confiarse demasiado y no corroborar su «conocimiento». El docto doctor Rafael Cox Alomar, tenido por muchos como la quintaesencia del saber puertorriqueño, escribe desde su exilio: «El H.R.870 le concede a Puerto Rico la misma autoridad que detentan los estados para decidir cómo y sobre la base de qué condiciones sus municipios y corporaciones públicas se pueden acoger a la quiebra».

Holy shit!, dirían allá donde este ilustre jurisconsulto enseña, pues detentar es «retener o ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público». De manera que él le imputa a los estados de Estados Unidos hacer uso de un poder que no tienen legítimamente.

Evidentemente, «Rafa» cree que detentar es poseer o tener autoridad para algo. Un scholar de Oxford debió consultar el Diccionario de la RAE, para no caer en tan lastimoso error.

¡No ha lugar!

Espero -- aunque con temor -- que nuestros tribunales no le den paso a la pretensión de organizaciones religiosas de dictarle pautas al Estado acerca de lo que se puede o no se puede enseñar en las escuelas públicas. Digo con temor porque sabemos lo cobarde que puede ser el Poder Judicial en nuestro país.

Ceder al reclamo histérico y oscurantista de unos fanáticos que quieren imponer una teocracia en Puerto Rico sería funesto para la separación de Iglesia y Estado; un retroceso histórico para una sociedad laica y pluralista. Los que quieran adoctrinar a sus hijos en la estupidez tienen las escuelas privadas religiosas para ello.

Esta demanda para prohibir la enseñanza de la perspectiva de género en la escuela pública es la punta de lanza de una cruzada para reconfigurar nuestro ordenamiento jurídico a imagen y semejanza del más rancio de los cristianismos: el homofóbico y misógino de la teología paulina.

A eso corresponde un «no ha lugar» de plano, en primera instancia, en apelación y en última instancia. Ojalá se tenga la fuerza de espíritu para ello.

Compensando la ignorancia

Insisto en que confundimos palabras parecidas con acepciones, matices o significados distintos. Hace poco, en un noticiario de televisión, un ciudadano quejoso de los cambios contributivos que se vislumbran decía que una de las medidas buscaba «recompensar» por lo que la gente tendría que pagar por el IVA. El pobre hombre, confundido por las explicaciones del gobierno al respecto, también lo está con relación al uso de «compensar» y «recompensar». Resulta claro que en el contexto dentro del cual se expresa, lo que corresponde es «compensar», pues se trata de igualar o nivelar el efecto de un tributo en las finanzas personales. «Recompensar» se usa en casos de premiar una gestión o remunerar un servicio.

El sepulcro blanqueado de Guantánamo

Continúa el empantanamiento legal de Estados Unidos en el hoyo jurídico y moral que tienen en el centro de detención en Guantánamo. Por no haber hecho lo correcto, cerrándolo hace mucho -- por supuesto, nunca lo debieron abrir -- van de torpeza en torpeza, violando el estado de Derecho en todas sus vertientes. Ya no encuentran qué más hacer, y todo les sale mal.

Ahora han dado marcha atrás a una directriz del Departamento de Defensa que disponía que los jueces militares que fueran a presidir los juicios contra los sumariados allí se tenían que mudar a Cuba, con el fin de «acelerar» los procesos, notoriamente dilatados. Pero, ahora, on second thought, como dicen los gringos, a los burócratas del DD les parece que esa directriz puede dar la apariencia de que se le quiere impartir una prisa indebida a estos juicios, algo que no debe permitirse.

Francamente, estos escrúpulos de última hora son hipocresías de «sepulcros blanqueados», pues lo que se ha hecho y se sigue haciendo en Guantánamo no tiene perdón de Dios o Alá.

«Suntuoso» disparate

Algunas personas tienen el afán de ser elegantes en el decir, pero carecen de los recursos lingüísticos para ello. Hoy se publica en el periódico una carta de una lectora, en la que se lee: «Del proyecto aprobarse, Pierluisi emergería ataviado de héroe, con suntuosa oportunidad de inclinar la balanza hacia el centro». Evidentemente, la señora cree que lo suntuoso es «grande», pero se olvida de que es principalmente «costoso» o de «gran gasto».

Al escribir, sobre todo, debemos tener el cuidado de verificar el significado de los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios que pensamos usar para parecer «finos», y así evitar incurrir en errores que pongan al descubierto nuestra ignorancia.

La verdadera historia del imperio

He aquí esta nota para todos esos que admiran la democracia y el estado de Derecho de Estados Unidos. Un día como hoy en 1875 se aprobó una ley de derechos civiles que reconocía el igual y pleno disfrute de los lugares de alojamiento, los medios de transporte, los teatros y otros lugares de entretenimiento a todas las personas, independientemente de su color, raza o condición anterior de servilismo.

En 1883, esa atalaya de la justicia que algunos creen que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos  dictaminó que esa ley era inconstitucional.

Pasarían 74 años para que se aprobara otra ley de derechos civiles en Estados Unidos.