«[Un]fair play»

La verdadera y fea cara de la justicia estadounidense se nos revela cada día más. La Unión Americana de Libertades Civiles no le saca el guante de la cara al Gobierno Federal y a los estatales, por sus continuas violaciones a los derechos civiles y humanos. Ahora tienen demandada a la Patrulla Fronteriza porque en California engañan a los mexicanos indocumentados para que firmen unas «deportaciones voluntarias» en las que renuncian a su derecho de que su caso se vea ante un juez de inmigración y de controvertir las decisiones inmigratorias. Parte del engaño consiste en hacerles creer que pasarán varios meses encarcelados, si no firman  el documento, y que, de acceder a la deportación, podrán arreglar luego sus documentos y regresar a Estados Unidos. En fin, una patraña de principio a fin.

Sigan apuntando los que todavía creen en la buena fe y el tan cacareado fair play de los americanos...

Pobreza en la expresión

He dicho que los abogados de la «Milla de Oro» viven en otro mundo, enajenados del nuestro, por dinero y privilegios, víctimas también de una transculturación galopante. Se comunican entre ellos en inglés, y por ello olvidan el español. Hoy, se publican unas declaraciones de Melba Acosta, Secretaria de Hacienda, en las que expresa: «Hacienda no está on board de eliminar el B2B. ¡La pobre! Ni siquiera es capaz de decir que Hacienda no está de acuerdo en eliminar el impuesto de negocio a negocio.

Y es que los imbéciles que creen que ese sector de Hato Rey es el Wall Street puertorriqueño ya no saben decir las cosas más sencillas en español, y se ven obligados a hacerlo en inglés. Resulta lastimoso que funcionarios de cierta categoría en el país no solo sean tan mediocres en su gestión sino en su expresión pública.

El delito de ser negro

¡Qué noticia! La Unión Americana de Libertades Civiles ha concluido un estudio que revela que en Estados Unidos es casi cuatro veces más probable que los negros sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos. En un país eminentemente racista eso se puede estipular. Allá los negros, los latinos, los asiáticos y los que los americanos blancos llaman people of color tienen una «presunción de culpabilidad».

En vista de esa realidad, la Unión propone que se legalice la posesión de marihuana para las personas de 21 años en adelante o, en el peor de los casos, se despenalice su uso, sujeto a ciertos controles y a tributación, por supuesto. Las recomendaciones de una entidad con una trayectoria tan larga y respetada como ésta deben tomarse en cuenta en la formulación de una nueva política pública sobre este asunto.

Diagnóstico del mal español

Se puede escribir en español pero no español. No, no es un acertijo. Lo que quiero decir es que se pueden usar las palabras de nuestra lengua de tal manera que lo que comunican no es buen español. Por ejemplo, hoy se publica un anuncio que exalta las virtudes profesionales de los radiólogos, y en éste se lee: «Es el médico experto para hacer diagnósticos a través de imágenes médicas». ¿Por dónde empiezo?

Por decir que eso de «médico experto» suena raro, pues toda la vida se habla de «especialista». Lo de «para hacer diagnósticos» tampoco se oye bien porque el doctor se especializa en diagnosticar, y eso no lo hace «a través de», sino a base de imágenes médicas. Por lo tanto, sería mucho mejor decir que el radiólogo «es el especialista que diagnostica a base de imágenes médicas».

¿Verdad que sí?

Una técnica indispensable

En una cerrada decisión 5 a 4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de validar la toma de muestras de ADN, sin orden judicial, a los arrestados por delitos graves. El fundamento del dictamen es que el ADN es una característica física similar a la apariencia física que puede ser fotografiada o a las huellas dactilares que pueden ser tomadas. El material genético puede ser obtenido de una forma sencilla y poco intrusiva, y como es sabido por la experiencia de muchos años ya, resulta insuperable para la identificación de una persona en cualquier circunstancia en la que se ignore o esté en controversia.

Habida cuenta de ello, no es posible prescindir de este método en la investigación penal. Contar con un banco del ADN de personas arrestadas por delitos graves permite parear el material genético encontrado en la escena de un delito con el de dicho depósito, viabilizando la identificación del autor de los hechos. Ante esta posibilidad de esclarecer delitos, debe ceder cualquier objeción técnica que pueda formularse basada en el derecho a la intimidad y las doctrinas sobre los registros a las personas.

Mongos en la materia

Sé que lo he comentado, probablemente, más de una vez, pero tengo que hacerlo nuevamente por el contexto en el que se da. El periódico que pretende reconocer la excelencia académica estudiantil con el lema «Los duros de la materia», entre ellas la del español, escribe lo siguiente: «Ser parte del selecto grupo de estudiantes ganadores de los Premios El Nuevo Día Educador no solo es un honor, sino un reflejo de todo el trabajo, el esfuerzo y las horas de estudio que pasaron todos y cada uno de ellos».

¡Bendito sea Dios! ¿Cuántas veces hay que decir que «todos y cada uno» es una frase que está demás? «Todos» incluye a cada uno, y «cada uno» incluye a todos. Es una frase hecha que se repite impensadamente, pero que no es digna de un periódico «educador» ni de «duros de una materia».

Ni siquiera de «blanditos»...

Justicia sustancial

Dos noticias resultan preocupantes con respecto al funcionamiento del sistema de justicia penal en el país. La primera pone sobre el tapete el descuido con el que se atienden las escenas de crímenes. La falta de rigor forense contamina las pruebas y pone en peligro su uso en el tribunal, dando lugar a que no pueda adjudicarse certeramente la responsabilidad penal. Se trata de errores en seguir el protocolo en el lugar de los hechos, que no pueden ser subsanados posteriormente. La naturaleza extremadamente técnica del derecho procesal penal no admite desviaciones de los procedimientos para obtener, custodiar y analizar la prueba, so pena de excluirla o desestimarla.

La segunda noticia apunta a un cuestionable criterio judicial, que desemboca en absoluciones por «duda razonable» o sentencias muy livianas que no aquilatan adecuadamente la responsabilidad penal del sujeto. Me parece que hay jueces que elevan a la categoría de razonable cualquier duda o discrepancia en la prueba, absolviendo livianamente a claros autores de hechos delictivos. Igual ocurre con sentencias suspendidas o de cortísima duración por actos que le cuestan la vida a otros, sobre todo a menores de edad a su cuidado.

Las cosas no están como para mojigaterías jurídicas ni escrúpulos procesales desacertados. Bástenos con la certeza moral de que tenemos al autor de los hechos, y apliquemos todo el rigor de la ley.