Dos años de fascismo

Tienen razón los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en retar la veda absoluta de actividades colectivas impuesta por la Rectora, celebrando actividades de distinta índole. Las prohibiciones absolutas del ejercicio de derechos constitucionales - como son los de expresión y reunión - no son bien vistas en Derecho. Sólo son admisibles en circunstancias extremas, como las de una guerra o una revuelta. El mero hecho de que resulten inconvenientes no puede ser fundamento para su supresión. Lo que sí procede es imponer condiciones o límites razonables a dicho ejercicio, en lo que respecta a duración, hora, lugar y ciertas formas que pudieran interferir irrazonablemente con otras actividades legítimas.

Éste es el estado de derecho en cualquier sistema digno de llamarse constitucional. Pero, ya hemos visto que, en la actualidad, Puerto Rico no goza plenamente de ese sistema. Así que no nos sorprenda que el poder judicial sostenga la validez de esa prohibición absoluta, y ni siquiera se pueda dar la lectura pública de Cien años de soledad programada por los estudiantes.

¿Cómo qué «como que»?

Hace tiempo noto la prevalencia de cierta imprecisión en el lenguaje hablado, sobre todo. Por ejemplo, es frecuentísimo escuchar, principalmente a los jóvenes, decir la frase «como que», al comparar o describir algo. Esa muletilla, además de exasperar al oyente, comunica indecisión, indefinición e inseguridad, es decir, una falta de claridad conceptual y compromiso con las ideas propias. Dicho de esa forma, una cosa no es de una manera sino como que es así. Es un lenguaje de aproximación y dismulo, en vez de certeza y afirmación, dos valores claves de la comunicación auténtica y sincera.

Creo que algo de esto viene del calco del inglés like, que escucho también con suma frecuencia en ese idioma, por parte de los jóvenes. La influencia del cine, la televisión por cable o satélite y la Internet ha globalizado estas modas en el decir de la juventud, empobreciendo la expresión en sus propias culturas.

La mejor prueba

Hay que celebrar el uso cada vez más rutinario del análisis de ADN para identificar el autor material de unos hechos delictivos. El derecho penal exige, como cuestión de umbral, que se determine con certeza la autoría de un hecho punible. Luego vendrá la decisión acerca de su culpabilidad o el grado de ésta, si alguna. Hasta hace pocos años, ese proceso primario estaba sujeto a múltiples errores, hijos de las muchas vertientes de la falibilidad humana. Pero, ahora, con el beneficio de la técnica de identificación genética, se ha superado gran parte de esos escollos a un grado superlativo. Por supuesto, el ADN no sirve solamente para inculpar, sino para exculpar, excluyendo la posibilidad de que un sospechoso de delito, incriminado por otras circunstancias o elementos, sea el autor del hecho delictivo.

Toca ahora a las autoridades investigativas llevar a cabo con sumo rigor las pericias forenses, de manera que las «huellas genéticas» de un victimario no se echen a perder y puedan rendir el fruto probatorio del cual son capaces.

«...que no sabe lo que dice.»

El gobernador de Puerto Rico -  que a pesar de ser abogado dista mucho de ser letrado -  en comentario sobre el caso de la muerte del niño Lorenzo, de ocho años, ha dicho «...era un niño joven, pequeño, indefenso, y que murió aparentemente de una forma muy violenta». ¿Qué es eso de un «niño joven»? ¿Acaso los hay de otra manera? Basta con decir que se trataba de un niño de ocho años; lo de pequeño e indefenso se infiere. Si Lorenzo hubiera tenido 13 años o más, hubiera sido un adolescente o un joven. Por otro lado, a Lorenzo lo mataron de varias heridas punzantes y una con un objeto contundente. A pesar de ello, Fortuño considera que eso es sólo «aparentemente» muy violento.

Lo tengo dicho muchas veces: no respetamos el significado y el valor de las palabras. Tampoco se respeta la inteligencia de los demás. Esta burrada del Gobernador es prueba de ello.

Cumpliendo su función ministerial

No entiendo el aspaviento formado por las declaraciones del Jefe de los Fiscales acerca de Ana Cacho. Como representante del Ministerio Público, es de esperar que sostenga la posición acusatoria. No siendo juez, él no tiene que guardar silencio ni asumir una postura de imparcialidad. Su función es investigar un alegado delito y fijar responsabilidades. En un sistema de adversarios, como el nuestro, la Fiscalía acusa y la defensa hace su trabajo a favor de los imputados. Cierto es que a Cacho no se le ha acusado todavía, pero ello no es óbice para que un representante autorizado del Estado la vincule con el crimen contra su hijo, sobre todo cuando esta mujer no ha dado una explicación creíble de cómo ocurrieron los hechos o de por qué no puede explicar lo sucedido, estando ella en la casa en esos momentos. Los hechos anteriores, durante el crimen y posteriores relacionados con ella y su familia inmediata son, por lo menos, sospechosos. Tiene razón el fiscal Meléndez en decir que aquí ha habido un «pacto de silencio» entre Ana, su familia inmediata y los hombres que la visitaron esa noche, acuerdo que ha dificultado el esclarecimiento del delito.

Tome nota la RAE.

Un titular de hoy despertó aun más mi curiosidad lingüística: «Defensa de Sustache presiona al videógrafo». La Real Academia no registra el vocablo, pero fuentes de Internet sí, incluida una en la que se da cuenta de un esfuerzo para que la RAE lo acepte como descriptivo de una realidad moderna. Resulta claro que los términos fotógrafo y camarógrafo, aunque relacionados - sobre todo éste último - no cubren adecuadamente el equipamiento y la función de este nuevo profesional del periodismo y las artes visuales, toda vez que, según surge de esas explicaciones, el trabajo del videógrafo incluye otras tareas técnicas más allá de la filmación, que esta tecnología del vídeo hacen posible.

Como he dicho en varias ocasiones, favorezco la aceptación de un neologismo, siempre que sirva para describir una realidad nueva. Éste es uno de esos casos.

Somos capaces.

Concuerdo con el gobernador Fortuño en que nuestro sistema de justicia completo tiene que mejorar; algo así se puede decir de cualquier país. En lo que no estoy de acuerdo es en que este señalamiento se haga apremiado por la intervención del gobierno de Estados Unidos. Los puertorriqueños tenemos la capacidad de examinar nuestras instituciones y procesos y determinar dónde están las fallas y cuáles son las medidas correctivas que debemos tomar.

Quien no se sienta así es un acomplejado, que piensa que solamente los americanos tienen la clave para descifrar los problemas que nos aquejan, y por eso debemos someternos a todos sus dictámenes.